
El último informe anual de Amnistía Internacional presentado esta semana alerta de un deterioro generalizado de los derechos humanos a escala global, marcado por el auge del autoritarismo, la (…)
Esta semana destacamos las siguientes noticias: La solicitud de la Fiscalía de la CPI para que se dicten órdenes de detención contra dirigentes talibanes es un importante paso hacia la justicia. En la República Democrática del Congo, las partes enfrentadas deben dar prioridad a la protección civil y el acceso humanitario en Goma. Hablaremos también de un superviviente rohinyá que pide que se investigue el posible papel de Meta en las atrocidades de Myanmar. Y terminaremos en Malta hablando de política migratoria con el caso de El Hiblu.
En marzo de 2019, tres muchachos de África occidental, de Costa de Marfil y Guinea (de 15, 16 y 19 años) subieron a bordo de una lancha neumática abarrotada para huir de Libia junto con otras 108 personas. Cuando su lancha empezó a desinflarse, todas estas personas fueron rescatadas por un barco mercante privado, El Hiblu. El capitán del barco intentó entonces devolverlas a Libia, una decisión que contraviene el derecho internacional, ya que los capitanes tienen el deber legal de llevar a las personas a las que rescatan en el mar a un destino seguro. Abdalla, Amara y Kader fueron acusados de “actos de terrorismo” y otros delitos.
Ahora el Tribunal de Apelación Penal de Malta ha rechazado la petición de incompetencia del tribunal presentada por el equipo de defensa de El Hiblu. Esto significa que la causa judicial seguirá su curso.