El último informe anual de Amnistía Internacional presentado esta semana alerta de un deterioro generalizado de los derechos humanos a escala global, marcado por el auge del autoritarismo, la (…)
Esta semana destacamos las siguientes noticias: La ONU debe renovar el mandato de expertos independientes en Venezuela. En Nicaragua, las autoridades siguen desplegando tácticas de represión. Además, hablaremos de la necesidad de investigar a las fuerzas armadas israelíes por el crimen de guerra de destrucción arbitraria en Gaza. Y terminaremos en Libia, donde la Agencia de Seguridad Interna debe rendir cuentas por las muertes bajo custodia, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias.
Sommaire
- La ONU debe renovar el mandato de expertos independientes en Venezuela, p2
- La represión sin límites continúa siendo desplegada por las autoridades en Nicaragua, p3
- Hay que investigar a las fuerzas armadas israelíes por el crimen de guerra de destrucción (…), p4
- La Agencia de Seguridad Interna de Libia debe rendir cuentas por las muertes bajo custodia, las (…), p5
La Agencia de Seguridad Interna de Libia debe rendir cuentas por las muertes bajo custodia, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias
Amnistía Internacional, informativo semanal a 13 de septiembre de 2024 - La Agencia de Seguridad Interna de Libia debe rendir cuentas por las muertes bajo custodia, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
La arraigada impunidad por las muertes bajo custodia y otros graves abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados que operan bajo el mando de las autoproclamadas Fuerzas Armadas Árabes Libias ha permitido a la Agencia de Seguridad Interna intensificar en los últimos meses su represión contra críticos y opositores políticos, incluidos políticos, activistas, poetas y blogueros.
Desde enero de 2024, agentes armados de la Agencia han detenido sin orden judicial a decenas de personas, incluidas mujeres y hombres de 70 años, en sus casas, calles u otros lugares públicos. Los detenidos fueron trasladados a instalaciones controladas por la Agencia, donde permanecieron detenidos arbitrariamente durante meses sin que se les permitiera ponerse en contacto con sus familias o abogados. Algunos fueron sometidos a desapariciones forzadas durante periodos que llegaron a diez meses.
