Primer Vaivén de la temporada en el que, está vez junto con Manolo Gallego, Rafael Cid analiza este tema.

Las pensiones no se tocan

Hace unos días, el periódico pronuclear de nueva referencia publicaba un artículo firmado por la científica Margarita Salas y dos académicos más, en el que bajo el título “Rentable para Hacienda, bueno para la salud”, la eminente bioquímica terciaba con buenas intenciones a favor de la campaña de la patronal sobre la extensión de la edad de jubilación. La argumentación esgrimida en dicho trabajo era cabal, pero otra cosa es la reaccionaria interpretación que del mismo podía hacerse como una pieza más, en este caso de alto estandin, de la teoría de la reforma laboral.

Se sumaban Salas y sus dos compañeros de opinión a esa corriente, aún apenas un susurro, que quiere introducir la voluntariedad en la jubilación para los funcionarios públicos, posibilidad que en cierta medida y con limitaciones ya existe en la legislación vigente. Pero lo notable de la posición de tan calificada científica era su encendida oposición a la jubilación forzosa en el mundo académico, y para ello traía a colación la extraordinaria experiencia de la premio Nobel, Rita Levi-Montalcini, admiradora entusiasta de Santiago Ramón y Cajal, quien remontados ya los cien años de edad “sigue asistiendo todos los días a su laboratorio y que sigue investigando sobre su tema esencial: la neuroplasticidad”.

La extraordinaria excepcionalidad del “caso Levi-Montalcini” sirve a los firmantes para hacerse la pregunta de rigor que someten al veredicto de la opinión publicada: “¿qué habría pasado si la hubieran jubilado? Inquisición retórica y torticera por su “rara avis”, como cuando los antiabortistas ponen el ejemplo imposible de un nasciturus Einstein víctima de los nuevos y malvados Herodes. Migrar entre escalas, generalizar lo que sólo es un parámetro, no es de recibo y menos en personas a las que se supone una excelencia intelectual. Incluso la llamada por Carlyle “ciencia lúgubre”, la economía, tiene como axioma de arranque, su famoso “ceteris paribus” (si lo demás no varía), un “preservativo” con el que llamar la atención de la imprecisión de sus teorías cuando cambia el contexto.

Pero no caigamos en la fácil simplificación. Lo notable del texto amadriñado por Margarita Salas es la relación de importantes detalles sobre algo que ya sabíamos: la esperanza de vida hoy no tiene nada que ver con la existente hace 100 años. Ergo, la gente debería poder seguir profesionalmente activa. También es verdad que al centrar el foco del debate en el mundo profesoral, se acota mucho la “universalidad” de la receta que los firmantes promueven. Hablan de un territorio acotado, el de los funcionarios, privilegiados con empleo estable, vitalicio, y suculentas dadivas que representan una flagrante desigualdad frente al común de los trabajadores. Como ejemplo ahí están esos planes para “rejuvenecer” las universidades que permiten paracaídas de oro a sus titulares como jubilarse a los 65 años con el 100 por 100 del sueldo, aunque sólo se hayan cotizado 15 años. Un estatus ad hoc que sólo es comparable con el marco legal elitista que disfrutan otros servidores públicos como políticos, militares y demás rarezas.

Y aún así lo que pregonan no es del todo cierto, urbi et orbi. ¿Se atrevería a sostener también Salas y cía. que la esperanza de vida en ´buena parte de África y Asía, por limitarnos a dos continentes, es tan fantástica como en el llamado “primer mundo”? Por si no lo sabe, aunque sus colegas de firma -entre ellos el sociólogo Juan Díaz Nicolás, que tantos dictámenes ha hecho para la patronal a lo largo de su carrera como publicista- a buen seguro que están enterados, ni siquiera en el rico occidente eso es una evidencia. Por el contario, según el informe publicado recientemente por la OMS , la longevidad va por barrios y no depende de la genética. Según el organismo internacional, una niña de Lesoto tiene hoy una esperanza de vida de 42 años menos que otra japonesa, y, a nivel europeo, un niño nacido en el suburbio de Calton en Glasgow, puede llegar a los 54 años de promedio, mientras que otro que vea la luz en barrio residencial de Lenzie, a pocos kilómetros del anterior, es posible que alcance hasta los 82 años. Dar esperanza a la vida y vida a la esperanza, este es el problema.

El problema de lo que Margarita Salas expone, con el tirón de credibilidad y responsabilidad que da su posición social y científica, es que su criterio, en el contexto de la contrarreforma neoliberal en marcha, puede ser utilizado como bandera de conveniencia por los reaccionarios. ¿No sería más lógico utilizar esos mismos valores que nuestra sabia encuentra hoy en los avances de la medicina, el higienismo y la dietética para demandar una salida a tiempo para disfrutar del ocio creativo, la participación política y la cooperación cívica a esos millones de trabajadores que ya han pasado el ecuador existencial, y permitir así el reemplazo generacional por los jóvenes y no tan jóvenes que no tienen ni oficio ni beneficio por la desigualdad y las barreras de entrada en el reparto del recurso trabajo? O no es cierto, a pesar de las maravillas de la ciencia, que el estiramiento del umbral vital no impide que a partir de de la frontera de los 60 años muchas personas de la “tercera edad” acusan el desgaste del ciclo natural (artrosis, lumbago, insomnio, cataratas, próstata, osteoporosis, sordera, etc.) y de la problemática que marca la vida moderna y el competitivismo rampante que imponen las empresas (estrés, obesidad, tabaquismo, etc.)?

A algo de esta problemática debe responder el hecho de que, como refiere el artículo de marras, las encuestas arrojen que sólo entre el 10 y el 15 por 100 de los consultados querrían seguir trabajando después de los 65 años. Así que para la salud, no convence a la mayoría. Y para hacienda, como reza el título, tiene truco. ¿Por qué hay que negar a los jubilados lo que se ofrece sin más problema a la banca cleptómana? Una vida entera dedicada a crear verdadera riqueza social sin amasar fortunas personales, como los financieros rescatados con dinero público, justifica de sobra usar los impuestos de los excedentes empresariales para sufragar las pensiones cuando la formula contributiva (autocofinanciación) no baste.

Finalizamos. El problema no son las buenas intenciones de Margaritas Salas, sino que en el contexto actual se saquen de quicio y se haga de esa lectura un argumento de excelencia. Por no hablar del hecho bumerán de que para fundamentarlo se eche mano de la “libertad individual” como un derecho supremo, como si fuera un activo más de la libertad de mercado que siguen predicando los mangantes del crac financiero en curso. Dicen los abajo firmantes que “la jubilación forzosa implica claramente una discriminación en función de la edad”, y añadimos nosotros: ¿qué tipo de discriminación es la que afecta a millones de parados de larga duración y a las nuevas generaciones sin más horizonte laboral que, en el mejor de los casos, un contrato basura? Libertad, libertad, cuantos dislates se perpetran en tu nombre, que dijo el otro.

La trayectoria social de Rita Levi-Montalcini es mucho más rica y compleja como para empotrarla interesadamente en una querella de parte. Basta con leer su libro “Elogio de la imperfección” para darse cuenta de su talla moral. Por ciento, hablando de ética, como tras el nombre de los tres firmantes del famosos artículo figuran las instituciones donde trabajan (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad complutense y Universidad Autónoma de Madrid), ¿significa esto que esos centros asumen sus opiniones o sólo es un desliz de la edición achacable a los sempiternos duendes de la imprenta? Otra propuesta, la de Margarita Salas, de la escudería liberal: con buenas intenciones y malas vibraciones.