El último informe anual de Amnistía Internacional presentado esta semana alerta de un deterioro generalizado de los derechos humanos a escala global, marcado por el auge del autoritarismo, la (…)
Esta semana destacamos las siguientes noticias: La inversión en gasto público sanitario en España baja respecto a 2021 un 0,94%. Pondremos también el foco de atención en los gigantes del vehículo eléctrico BYD, Mitsubishi y Hyundai, los fabricantes que salen peor parados en una nueva clasificación del sector en materia de derechos humanos. Además, en Filipinas aumenta el uso de Facebook por parte de las autoridades para reprimir el derecho a la libertad de expresión y de protesta de los y las jóvenes activistas. Y terminaremos en Francia, donde las autoridades deben poner fin de inmediato al uso del algoritmo discriminatorio que utiliza la agencia de seguridad social.
Sommaire
- La inversión en gasto público sanitario en España baja respecto a 2021 un 0,94%, p2
- Una nueva clasificación de la industria del vehículo eléctrico en materia de derechos humanos (…), p3
- Aumenta el uso de Facebook por parte de las autoridades de Filipinas para reprimir el derecho a (…), p4
- Francia poner fin de al uso del algoritmo discriminatorio que utiliza la agencia de seguridad (…), p5
Aumenta el uso de Facebook por parte de las autoridades de Filipinas para reprimir el derecho a la libertad de expresión y de protesta de los y las jóvenes activistas
Amnistía Internacional, informativo semanal a 18 de octubre de 2024 - Aumenta el uso de Facebook por parte de las autoridades de Filipinas para reprimir el derecho a la libertad de expresión y de protesta de los y las jóvenes activistas
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Las autoridades cada vez utilizan más Facebook para hacer campañas de etiquetado en rojo contra jóvenes activistas, incluyendo a quienes investigan presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, la policía y otras agencias gubernamentales.
A través de este sistema de etiquetado rojo, destacadas figuras políticas y agentes de seguridad del Estado denigran a activistas de derechos humanos y otras personas a las que se considera detractoras del gobierno, calificándolas de “rebeldes comunistas” y “terroristas”.
