Aniceto Arias y Rafael Cid charlan sobre la Iglesia
Con Reyero y la CNT, frente al arzobispo y la caverna
El Vaivén de Rafael Cid
Franco, el dictador de carne y hueso y el de la efigie de aquellos billetes de curso legal, era caudillo de España por la gracia de Dios. La Cruzada, primero, y el Concordato con la autodenominada Santa Sede, en 1953, le habían ungido como hijo predilecto de la Iglesia católica, apostólica y romana. Por eso, como buen siervo de Roma, el Generalísimo había entregado el país, su sistema educativo y hasta el Día del Trabajo convertido en la fiesta pía de San José Obrero al partido de las sotanas y el hisopo.
Más papistas que el Papa, la España de la “unidad de destino en lo universal” era un cortijo de meapilas, novenas y procesiones donde todo oprobio tenía asiento. En el Código Penal del régimen la blasfemia estaba tipificado como delito (artículos 239 y 250):”El que blasfemare por escrito y con publicidad o con palabras o actos que produzcan grave escándalo público será castigado con arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas”. Así las gastaba aquella teocracia con espuelas que hacia procuradores en Cortes (los diputados de hogaño) a obispos, arzobispos, cardenales y demás mitrados.
Hoy, 34 años después, algunos dicen que han cambiado muchas cosas. Pero una esencial sigue igual. El poder talibán de la Iglesia católica. Porque otro Concordato, el firmado el 3 de enero año 1979, sólo seis días después del referéndum de la Constitución, nos ha devuelto a los fenómenos paranormales. Exorcizando el artículo 16 de la Carta Magna que reconoce la libertad religiosa, el nuevo Concordato renueva el tradicional ordeno y mando del Vaticano sobre la soberanía del pueblo español. Planes de enseñanza “respetuosos con los valores de la ética cristiana” en los centros de educación públicos, subvenciones a colegios concertados, universidades y medios de comunicación confesionales, exención de impuestos sobre renta (IRPF), consumo (IVA) y bienes inmuebles (IBI), tribunales eclesiásticos con marchamo legal, capellanes castrenses, funerales de Estado religiosos y hasta jura de ministros ante la biblia y el crucifijo, constituyen algunos de los privilegios con que la democracia española vitorea a la Iglesia del Alzamiento (aún no ha hecho acto de contrición).
Un Estado dentro del Estado. Una democracia sin demócratas. Una educación contra la ciudadanía. Un país de súbditos. Una catequesis continua que persigue todo lo que se mueve con un mínimo de racionalidad y espíritu crítico. Los códigos de la Inquisición cotizando al alza. Y así nos va. A la corrupción sistémica se añade el trágala de la obediencia debida a la Santa Madre Iglesia, con sus cilicios y monsergas. Ese gobierno en la sombra que ha logrado el frankestein de una sociedad friki, mitad pasota mitad caverna. Limosneros pillados en el caso Gescatera y en la trama Gürtel. Integristas de profundis que callaron la noche del 23-F cuando la Conferencia Episcopal se sumó con su silencio al tejerazo. Parabolanos de corta y pega dispuestos a lapidar a los enemigos de la fe ciega. Dos veces expulsadas de España las órdenes religiosas por sus desmanes y fechorías, la Iglesia católica es hoy de nuevo el baluarte de la reacción y el oscurantismo. Tan crecida y soberbia se muestra que incluso exporta tecnología y yihad (“Religiosos españoles financiaron la guerra del Congo, según la ONU”; El País, 26 de noviembre de 2010)
Que el arzobispo de Toledo se haya querellado contra el sindicalista de la CNT Julio Reyero, por haber ofrecido una conferencia glosando la historia demencial y criminal de la Iglesia, es un puro disparate que sólo debería invitar a la chanza y el corte de mangas. Si no fuera porque un juez ha admitido a trámite la denuncia con todas las de la ley. Una justicia que avala como ilícito penal lo que a todas luces supone una conculcación de derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y de conciencia, no tiene nombre. Es la justicia de Torquemada y de Marcelino Pan y Vino. Quién no recuerda la imagen del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Divar, besando postrado el anillo de monseñor Rouco Varela.
Dice el escritor alemán Karlheinz Deschner en su monumental obra Historia criminal del cristianismo que su investigación persigue el “desenmascaramiento” de ese orden pre-establecido. Y ahí radica precisamente el enorme mérito de los “versos satánicos” del blasfemo Reyero y la CNT que han originado la repulsa del primado de Toledo bajo la imputación de “provocación por la discriminación” y “escarnio de los sentimientos religiosos” (sic). En el centenario del vil fusilamiento del pedagogo Francisco Ferrer Guardia, instigado desde púlpitos y sacristías por haber osado plantear una educación sin temor de Dios, lejos del negocio de la superstición, libre y libertaria, que alguien recoja el testigo de una democracia sin tutelas ni excomuniones, es un rasgo de lucidez rebosante de legitimidad que ilustra sobre la migraña autoritaria. Aunque nominalmente en las antípodas, entre los mamporros y la censura al refractario en La Gotera y la embestida arzobispal al disidente hay un hilo conductor: la doctrina ahoga la vida.
