
El último informe anual de Amnistía Internacional presentado esta semana alerta de un deterioro generalizado de los derechos humanos a escala global, marcado por el auge del autoritarismo, la (…)
Esta semana hablaremos de la nueva condena contra Daw Aung San Suu Kyi. Nos detendremos en el aniversario de la guerra en Osetia del Sur. Y finalizaremos con dos buenas noticias, la extradición a Argentina del coronel uruguayo Luis Cordero Piacentini por su participación en el Plan Cóndor y la conmutación de 4.000 penas de muerte en Kenya.
Myanmar: nueva condena contra Daw Aung San Suu Kyi
Amnistía Internacional considera “vergonzosa” la declaración de culpabilidad dictada el 11 de agosto por un tribunal de Myanmar contra Daw Aung San Suu Kyi. Para la organización, su detención, el juicio y ahora esta sentencia condenatoria no son más que una farsa jurídica y política.
Un tribunal constituido en la prisión Insein de Yangón ha declarado a esta dirigente prodemocrática culpable de violar las condiciones de su arresto domiciliario, después de que un hombre que no había sido invitado pasara dos noches en su casa a principios de mayo. El tribunal ha condenado a Daw Aung San Suu Kyi a tres años de cárcel, conmutados a 18 meses de arresto domiciliario.
Daw Aung San Suu Kyi lleva recluida más de 13 de los últimos 20 años, pero en realidad nunca debería haber sido detenida por tratarse de una de las 2.150 personas presas de conciencia recluidas en Myanmar por motivos políticos. Para Amnistía Internacional la única solución aceptable es su liberación inmediata e incondicional.
I aniversario de la guerra en Osetia del Sur
Nos trasladamos a Georgia cuando se cumple un año de la guerra con la Federación Rusa. Miles de civiles siguen alejados de sus hogares y con escasas perspectivas de retorno en un futuro próximo. Tanto ellos como los varios miles que han podido regresar se enfrentan a un futuro de inseguridad.
En torno a 192.000 personas se vieron desplazadas durante la guerra, desencadenada la noche del 7 al 8 de agosto de 2008. De las 38.500 personas que abandonaron Osetia del Sur en dirección a la Federación Rusa, parece ser que todas han regresado salvo unas 4.000, según cálculos. Sin embargo, de las 138.000 personas georgianas que se calcula han sufrido desplazamiento por el conflicto, 30.000 no han podido regresar a sus hogares. De éstas, 18.500 personas de etnia georgiana que huyeron a Osetia del Sur y al distrito de Akhalgori se enfrentan a un desplazamiento a largo plazo.
La seguridad sigue siendo un gran desafío en la región del conflicto, donde algunas zonas han quedado prácticamente deshabitadas. Y la difusa línea de demarcación entre Georgia y Osetia del Sur no hace sino agravar las cosas.
Hasta el momento, ni las autoridades rusas ni las georgianas han procesado a nadie en relación con las graves violaciones del derecho internacional o del derecho interno durante el conflicto e inmediatamente después. Por eso Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto que tomen medidas para garantizar investigaciones prontas, independientes, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias que indican que sus respectivas fuerzas cometieron crímenes de derecho internacional durante el conflicto, incluidos crímenes de guerra.
Extradición del coronel uruguayo Cordero a Argentina
Seguimos con dos buenas noticias. Por un lado, la decisión de la Corte Suprema de Brasil de extraditar al coronel uruguayo Luis Cordero Piacentini a la Argentina, que abre una gran puerta para el esclarecimiento de los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.
Cordero está acusado de la desaparición de ciudadanos uruguayos y argentinos. El Plan Cóndor fue la coordinación entre los gobiernos militares del Cono Sur – Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay – para eliminar a sus "opositores" en los años 70 y 80. Este plan se llevó a cabo mediante ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de miles de personas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Y la mayoría de los responsables de estos crímenes no han comparecido ante la justicia.
La decisión de la Corte Suprema del Brasil fue adoptada a raíz de la petición de extradición formulado en marzo de 2005 por la justicia federal argentina, que investiga los crímenes cometidos en el ex centro de detención clandestino conocido como Automotores Orletti, en Buenos Aires. El ex coronel Manuel Cordero es también reclamado por la justicia Uruguaya, por considerarle vinculado a la desaparición forzada de ciudadanos uruguayos en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor.
Kenia conmuta la pena de muerte a más de 4.000 condenados
Y la segunda buena noticia es que se ha conmutado en Kenia por cadena perpetua las sentencias de muerte de más de 4.000 presos que esperaban ser ejecutados. Según fuentes periodísticas, se trata de la mayor conmutación de penas de la historia.
El presidente keniano, Mwai Kibaki, ha manifestado que la prolongada permanencia en el pabellón de la muerte en espera de ejecución ocasiona una agonía y sufrimiento mental injustificables, traumas psicológicos y ansiedad, y puede decirse que constituye trato inhumano. Al tiempo que ha ordenado a los órganos gubernamentales pertinentes que realicen un estudio sobre si la pena de muerte tiene alguna repercusión real en la lucha contra la delincuencia.
La pena de muerte se sigue imponiendo en Kenia a las personas declaradas culpables de robo a mano armada o asesinato. Aunque no se ha ejecutado a ninguna persona desde hace 22 años. Para Amnistía Internacional la conmutación de estas penas y el anuncio del estudio encargado por el presidente concluirá que la pena de muerte carece de cualquier tipo de efecto disuasorio, que constituye una factor de embrutecimiento de la sociedad y que con frecuencia se impone a personas inocentes.