En “El Candelero” (RVK), el programa de la Asociación Cultural Candela, hablamos sobre patentes farmacéuticas y mercantilización sanitaria con Antonio Gómez (CAS-Madrid).

10 de abril de 2021
| Duración: 00:23:30

La pandemia está mostrando de forma descarnada el poder de las grandes multinacionales de farmacia y las limitaciones de los Estados ante ellas. Suspender patentes, controlar precios o crear un sistema público de farmacia han sido reclamaciones que algunos colectivos llevan años planteando.
Cuando las vacunas no avanzan con la rapidez que parecería necesaria, comienzan a surgir voces que proponen suspender las patentes de las mismas durante la pandemia. Pero este no es un debate nuevo y hay documentados muchos datos del bloqueo que suponen las patentes para el acceso a medicamentos esenciales de toda la población, en particular de los países menos desarrollados. Ya hubo una encendida polémica por las patentes con los medicamentos para el SIDA a finales de los 90. El poder de las multinacionales de farmacia parece intocable.
Se presenta como un éxito de la UE la compra colectiva de vacunas, sin embargo, no llegan las contratadas, las multinacionales ponen los precios y vemos como países, como Israel, que han pagado más, las han tenido antes, y como otros países con menos recursos ni las tienen ni les van a llegar en mucho tiempo.
Las multinacionales se escudan en que hacen mucha inversión económica en investigación para el desarrollo de esos fármacos, como razón para controlar los derechos económicos que suponen las patentes. Sin embargo, en el caso concreto de las vacunas para la covid-19, la inversión pública en investigación para desarrollar esas vacunas también ha sido muy importante, y muchos de los procedimientos que las empresas usan para desarrollar los fármacos se basan en hallazgos que se deben a la investigación básica financiada con fondos estatales.
Para controlar el uso abusivo de las patentes cuando se trata de cuestiones de salud pública, los Estados tienen herramientas legales para controlar este uso abusivo de las patentes, tales como el uso de licencias obligatorias. Algunos países como India, Sudáfrica o Chile, entre otros, ya han planteado el uso de estas licencias obligatorias para fabricar medicamentos esenciales en la lucha contra la covid-19.
Más allá de las vacunas, la idea de que el Estado Español dispusiera de farmacia pública aparecía en los primeros borradores de la Ley General de Sanidad en los 80, pero finalmente no se incluyó. Desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad se retomó la idea hace unos años con la polémica por el abusivo precio del tratamiento para la hepatitis C. El momento actual no puede ser más oportuno para relanzar esta idea de una farmacia pública. Habrá que seguir repitiendo que el negocio no puede pesar más que el derecho a la salud.

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